Guerrero. Diciembre 29 de 2012.
Ante la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos por la violencia generada por la delincuencia organizada, en 2012 tres municipios de La Montaña del estado se organizaron para defenderse, mientras en la Sierra de Petatlán en la Costa Grande, y de Coyuca de Catalán en la Tierra Caliente, decenas de comunidades comenzaron un éxodo por sus propios medios, del que sólo se tienen escasas cifras y versiones extraoficiales.
En las dos situaciones, la reacción de las comunidades rebasó a las autoridades que no intentaron resolver los problemas latentes y en crecimiento a pesar de la vulnerabilidad en que se encontraba la población. Sólo después de la acción ciudadana, autoridades de los tres ámbitos de gobierno se vieron obligados a intervenir.
En Huamuxtitlán, Olinalá y Cualác, los ciudadanos se organizaron para la autodefensa por casos de extorsión, secuestros, asesinatos y robos, y dejaron al descubierto la ineficiencia de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno.
Por otro lado, dirigentes de la organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortíz, comenzaron a denunciar amenazas y hostigamientos de grupos de talamontes ligados a mafias, y fueron levantados el 7 de diciembre de 2011 y a la fecha se desconoce su paradero.
En este mismo contexto, la líder de La Laguna, Juventina Villa Mojica, en Coyuca de Catalán, demandó desde mediados de año el apoyo gubernamental para desplazar a un centenar de personas de manera segura de su comunidad a Puerto Las Ollas, porque tenían temor de ser agredidos, pero la mujer con su hijo menor fueron asesinados el día que la policía estatal llegó tarde para resguardar su traslado.
De manera extraoficial se ha informado que son decenas los poblados desplazados por la violencia en la Sierra de Guerrero, la zona considerada por el Ejército como la de mayor producción nacional de amapola pero el gobierno estatal sólo sabe de tres comunidades en riesgo.
Autodefensa ciudadana en La Montaña
En Huamuxtitlán, después de la elección de alcaldes y diputados en el estado, habitantes rescataron a 17 personas secuestradas y arremetieron contra policías municipales y ministeriales, e intentaron linchar al alcalde interino Juan Carlos Merino González, por su complicidad con los delincuentes que lograron huir del lugar, al parecer bajo el amparo de los uniformados.
Desde la madrugada del 2 de julio, el Ayuntamiento de Huamuxtitlán quedó bajo el resguardo del Consejo Ciudadano, hasta que el gobernador, Ángel Aguirre Rivero envió una terna al Congreso del estado para nombrar a un alcalde interino, en tanto el nuevo representante electo asumía el cargo.
La exalcaldesa Soledad Romero Espinal, que dejó el puesto para buscar una candidatura plurinominal a diputada local, minimizó el conflicto y aseguró que quienes encabezaron el movimiento ciudadano eran inconformes con los resultados de la elección.
Pero la otra versión es que los habitantes se enfrentaron a sicarios protegidos por las corporaciones policiacas, que también contaban con el respaldo del alcalde interino. El asunto se documentó y tal vez se sigue investigando por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
En la misma región, el 28 de octubre la población de Olinalá se armó, instaló retenes y resguardó las seis entradas a la cabecera municipal después de que identificaron a los presuntos responsables del asesinato y secuestro de un taxista, que fue localizado un día antes muerto y con señales de tortura.
La movilización comenzó el sábado anterior por la mañana con el toque de las campañas de la iglesia para llamar a toda la población porque se advirtió la ausencia de otro transportista, que más tarde apareció a salvo, pero los habitantes ya se encontraba muy enojados por la impunidad en que actuaban los delincuentes en la zona.
Después de unos días se supo que la población incendió una casa, un coche y dos motocicletas de los delincuentes, también hizo señalamientos de los presuntos delincuentes, esperando mayor compromiso en la seguridad y de justicia de las autoridades.
De acuerdo con los registros de El Sur (véase fuente), el 1 de noviembre el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó que en la cañada de La Montaña, que comprende Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Olinalá y Cualac, los pueblos rebasaron a las autoridades por su “inoperancia, ineficacia y porque no tienen claro cómo atacar las causas de la inseguridad”.
El 8 de noviembre se publicó que en la cabecera municipal de Cualac, la población intentó linchar a un violador en la plaza cívica, y en el poblado de Temalacatzingo en Olinalá, tras el robo a una antena telefónica y por un acuerdo de asamblea, la población nahua realizó rondines en la noche, “antes de que ocurriera un evento más grave”.
El 3 de diciembre, las diez comunidades nahuas del núcleo agrario de Temalacatzingo constituyeron su Policía Ciudadana, donde se incorporaron mujeres con el respaldo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y ante representantes del Frente Ciudadano de Huamuxtitlán.
La población de Huamuxtitlán hizo lo mismo el 17 de septiembre, cuando formalizó la integración de la Policía Ciudadana Popular del Frente Ciudadano de dicho municipio de La Montaña, con una marcha en la carretera federal Tlapa-Puebla, que sumó a unos 300 marchistas entre hombres y mujeres.
La atención del gobierno al conflicto en la Montaña se concretó el 7 de noviembre, cuando se informó por un boletín de prensa que la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía del estado pusieron en marcha la operación Cañada en Cualac, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Alpoyeca y Olinalá, luego de que varias comunidades se armaron para la autodefensa en contra del crimen organizado. El operativo que se montó para la operación Cañada, se vio reducido en pocos días.
En la sierra de Petatlán, amenazas del crimen organizado
Sobre las comunidades de la sierra de Petatlán afectadas por la delincuencia organizada que en la zona controla la explotación de madera y la producción de droga, la subsecretaria de Asuntos Políticos del gobierno del estado, Rossana Mora Patiño, reconoció que no hay diagnóstico para una atención integral.
Subrayó que sólo están atendiendo tres localidades, La Morena, Hacienda de Dolores y La Laguna, que han denunciado amenazas, aunque por versiones extraoficiales se tienen algunos nombres de comunidades que por sus medios abandonaron sus casas y sus pertenencias, como Barranca del Bálsamo y Carresilleras, así como vecinos de Los Gachupines, que advirtieron el recrudecimiento de la violencia.
El 20 de diciembre se documentó en El Sur que los pobladores de Barranca del Bálsamo de Petatlán fueron amenazados por un grupo de sicarios que identifican como Los Torres. Ese día el pueblo quedó deshabitado y las familias no tuvieron oportunidad de proteger sus animales ni sus granjas.
En la misma información se destacó que en Barranca del Bálsamo fue asesinado el secretario técnico del Comité Ejecutivo municipal del PRD, Justiniano Rosas Farias, cinco días antes, y que dos semanas atrás denunció que militares allanaron su domicilio en buscan armas, que no encontraron.
Sobre Los Torres de la comunidad de La Morena, se sabe que solicitaron años atrás medidas cautelares al gobierno del estado después de que denunciaron amenazas y acoso del exalcalde de Petatlán, Rogaciano Alba Álvarez, quien ahora se encuentra en prisión por delitos vinculados a la delincuencia organizada.
El fin de semana una fuente, que pidió el anonimato, aseguró que las poblaciones que se encuentran en dos rutas de la sierra de Petatlán viven bajo amenaza de muerte por la familia Torres Cruz de la comunidad La Morena.
Detalló que las decenas de poblaciones en riesgo están en la ruta de El Venado a el Rincón del Refugio, así como de Santa Rosa a El Durazno, que se reunieron para hacer la denuncia. “Ellos quieren que quienes viven en la sierra colaboren con ellos y el que no lo haga es su enemigo, la gente tiene miedo y mejor se va”, comentó.
En 2012, el tema de los desplazados fue abanderado por la líder de la comunidad de La Laguna, de Petatlán, Juventina Villa Mojica, quien no vio los frutos de su gestión ante las autoridades. Mientras la subsecretaria de Asuntos Políticos reconoció que la violencia en la Sierra es un tema muy delicado y muchas personas han pedido discreción, y eso obliga al gobierno a tratar el asunto con gran cuidado.
Fuente: El Sur, Periódico de Guerrero, viernes 28 de diciembre.
